La violencia y discriminación hacia la población femenina latinoamericana sigue siendo uno de los problemas más graves que enfrenta la región. Recientemente el caso más popular, el de Ciudad de Juarez, fue llevado a las grandes pantallas con estrella incluida. Pero si la historia acontecida en ese pequeña localidad fronteriza mexicana es dramática, podríamos considerar aún más revelador otro dato: el estado de Chihuahua, donde se encuentra el municipio, ocupó el sexto lugar en el año 2004 en cuanto a la tasa de homicidios de niñas y mujeres por muerte violenta se refiere. Estos datos fueron revelados con estupefacción por Marcela Lagarde, reconocida antropóloga mexicana, cuando el país se disponía a elaborar su reciente Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la introducción de la figura de feminicidio en el Código Penal Federal.
La expresión más cruenta de la violencia de género, el denominado feminicidio, es un fenómeno que no cuenta con estadísticas oficiales y por eso escasean aún leyes y campañas de prevención o erradicación de la violencia en muchos países. Es por eso también que la elevada cifra de muertes sigue sin conocerse con exactitud, todas perdidas en las páginas de sucesos de los periódicos como víctimas de crímenes pasionales. Ahora, sin embargo, las investigaciones parecen apuntar a que estamos prácticamente ante un genocidio, y además oculto.
Legislación en América Latina
Según Susana Chiarotti, coordinadora del Comité de Expertas de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que se encargó de liderar el informe hemisférico de violencia de género, “si se matase a la misma cantidad de personas por ser de una etnia o grupo especial, por ser negros, judíos o indígenas, la gente reaccionaría de otra manera. Pero son mujeres y la sensibilidad desgraciadamente decae”.
Atendiendo dicho estudio, una de las carencias más evidentes en las legislaciones latinas (ya que Brasil cuenta con una ley integral) es que la mayoría de estos países tenían leyes neutrales, referidas sólo a la violencia familiar y que dejaban desamparadas otras áreas. Recientemente, Argentina se ha sumado a la inclusión de otros ámbitos que recogen la violencia machista.
Ahora bien, el esfuerzo de las investigadoras que han aportado su enfoque antropológico y social más que criminalístico al problema ha dado sus frutos, y por eso América Latina recoge, contradictoriamente, un buen número de plataformas que velan por la seguridad de las mujeres. De hecho, la propia Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer supone un mecanismo de seguimiento que deja constancia del avance conseguido.
Si bien se han dado pasos institucionales importantes, como es el caso ya citado de México con su denominado “Observatorio del feminicidio”, aún queda mucho por hacer para que este tipo de crímenes no siga impune ante la pasividad de las autoridades y de la sociedad.
La situación es foco de preocupación para las entidades de mujeres y de derechos humanos en países como México, Guatemala o el Salvador, ya que el número de víctimas es alarmante. Desde la década de los 80, los esfuerzos de grupos sociales e investigadoras en la materia han conseguido visibilizar este tipo de problema. La repercusión de estas movilizaciones ha tenido una réplica judicial sin precedentes (muchas veces más avanzada que en países económicamente superiores, como es el caso de México), otorgando a América Latina un buen número de herramientas para la tipificación y persecución de este delito.
Sin embargo, lo más importante es conseguir al mismo tiempo una sanción social ya que en muchos casos la comunidad y el estado desempeñan el papel de agresores al no actuar con debida diligencia en las investigaciones de los asesinatos. De ahí, la acuciante necesidad, evidenciada públicamente por todas las investigaciones serias al respecto, de trasladar la violencia contra las mujeres a todos las esferas (no sólo la familiar) y crear así un debate público.
La situación por regiones
México y los asesinatos de Ciudad Juarez elevaron la llamada de ayuda de las féminas latinas a nivel internacional. Es muy difícil manejar datos precisos, puesto que el proceso de investigación de los asesinatos de muchas de estas jóvenes no fue ni mínimamente serio. Sin embargo, se calcula que entre 1999 y 2006 pudieron morir en el país más de 6.000 mujeres mientras en América Central fueron 4.200 las víctimas contabilizadas.
Ante la magnitud del problema, México creó el Observatorio Ciudadano de Feminicidios, institución pionera en la materia en el mundo. Esta medida no obstante contrasta tristemente con las 931 muertes vinculadas directamente con la llamada “violencia feminicida” en el país desde 2006.
El Salvador y Guatemala manejan también cifras similares igual de preocupantes. En el caso del primer país se ha registrado un aumento del 200% en las cifras de violencia contra las mujeres en los últimos siete años. Y 2009 no parece ser un año de cambio en Guatemala, puesto que hasta ahora han perecido otras 58 víctimas.
En Nicaragua también se prevé que la cifra de muertes para este año doble el número de las 66 que dejó 2008. Además, el ejecutivo ya prohibió la práctica del aborto terapéutico en casos de alto riesgo para las mujeres embarazada, por lo que parece improvable esperar la defensa de los derechos de las mujeres en la materia.
Argentina nos deja la nota amable en este siniestro registro con la aprobación en el parlamento de una nueva ley que recoge la violencia de género en diferentes ámbitos de la vida, no solo la familiar. Los últimos datos del país nos hablan de unas 200 muertes el pasado año.
Las presiones sociales e internacionales no han conseguido aún forzar al reconocimiento de este delito por parte de todas las legislaciones del continente. Separarlo así del delito de homicidio sería fundamental para reconocer de una vez por todas esta terrible lacra social. En República Dominicana recientemente se ha planteado la posibilidad de esta vía ante el elevado número de muertes que han ocurrido hasta la fecha en lo que va de año.
Puntos clave
En casos como el de México, donde se aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la iniciativa tomada por la nueva administración contrasta tristemente con un aumento de la violencia. Esta falta de consonancia demuestra que el problema no debe ser mirado simplemente desde una perspectiva judicial, si bien es verdad que es esencial para ofrecer las herramientas necesarias y demostrar que este tipo de crímenes no pueden quedar impunes.
Una vez más, la educación es primordial para resolver el problema, sobretodo si atendemos a los factores comunes de estos delitos. Se ha estudiado que la mayoría de las víctimas fueron muertas por conocidos, en diferentes grados. También es alarmante el otro denominador común en medio de esta ola de violencia: la actuación inadecuada de las autoridades.
La violencia contra las mujeres se enfrenta además a un nuevo agravante; una época de crisis económica que obligará a muchos de estos gobiernos a retroceder en sus políticas sociales a favor de planes que amilanen la situación de inestabilidad financiera. Sin duda, la situación debe proporcionar un acicate para la paridad en los puestos de poder; de lo contrario, el genocidio encubierto continuará.
Versión en nerlandés y castellano para LA Ruta.
Fuentes
- Alainet
- Nodo50
- La casa del encuentro
- Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac)
- El pais
- Página 12
- Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC)
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